Manifestación del año pasado a favor de Baltasar Garzón
La justicia universal tiene por fundamento asistir como una pieza de puzle que ha de encajarse en los vacíos de los sistemas judiciales nacionales cuando el sentido común indica que el derecho no ha sido del todo justo. La justicia no puede ser tomada como una ciencia lógica, una matemática que ha de dar siempre el mismo resultado en todos los casos. Es ella la que apela a un sentido crítico, inherente al ser humano por ser humano, que nunca ha de perderse de vista. Pero cuando en una democracia se atropella el sentido crítico, dicha pieza de puzle nos deja expuestos a la vergüenza y el sistema judicial muestra signos de ser incapaz de gobernarse por sí solo.
Probablemente sean pocos los que estas alturas se acuerden de que hace un año España se encontraba inmersa en un profundo debate sobre la “memoria histórica”. Aquel asunto devino meses más tarde en el final de la carrera judicial de Baltasar Garzón en nuestro país. En aquel entonces la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, con tres votos a favor y dos en contra, permitió al juez irse como asesor externo a la Corte Penal Internacional de La Haya. Frente a las consideraciones de la Fiscalía, que apoyó el traslado en comisión de servicios especiales de Garzón, la Permanente del Consejo del Poder Judicial opinó que un juez suspendido no podía gozar de dicho estatus jurídico. Una vez más las distintas interpretaciones de una misma ley (la Orgánica del Poder Judicial en su artículo 348) puso en evidencia nuestro sistema judicial, ya que ésta ley no impide que un juez suspendido “cautelarmente” cambie de situación administrativa. En aquella ocasión, como en muchas otras, el imperio de la ley que somete a todos sin distinción dio paso a otro imperio más vergonzoso: el de la ley del embudo.
De aquello nadie se acuerda. Existe en este país la idea de que olvidar es la panacea contra todos los errores, y que es además necesario para mirar hacia el futuro con prosperidad. Precisamente la jurisprudencia, que sienta determinadas bases de actuación con visos de futuro, demostró ser en manos del juez Varela un juguete roto que sólo funcionaba a ratos. Con Garzón no hubo suerte y no funcionó. Tan es así que Varela traicionó su propia jurisprudencia al aceptar que una demanda “popular” (aquella de Falange Española a través de su Asociación Manos Limpias) fuera tenida en cuenta para abrir un procedimiento. En el más viejo todavía caso Atutxa, Luciano Varela se pronunció a favor de restringir la acción popular en el procedimiento contra el entonces presidente del Parlamento Vasco. Lo mismo ocurrió con el caso Botín. Por no hablar de las recomendaciones más que reprochables que este juez dio a dicha asociación respecto a la forma que debía tomar su denuncia.
Baltasar Garzón se vio involucrado en menos de diez meses en tres acusaciones por diversos motivos. Y aquello que nos hizo clamar a muchos contra el cielo hoy está olvidado. El ex instructor de la Audiencia Nacional, a día de hoy sigue afirmando haber actuado lícitamente en las tres causas que se le abrieron (ahora solo dos porque en enero el Supremo paralizó la de prevaricación por la investigación de los crímenes franquistas). Sobre la que más dudas pesaban, la persecución de dichos asesinatos, Estrasburgo le dio la razón al juez. Los crímenes contra la humanidad no prescriben y las leyes nacionales no eximen que puedan ser juzgados. España se quedó entonces huérfana de sentido crítico y de un juez, puede que mediático, sí, pero al que jamás le había temblado el pulso a la hora de sentenciar a asesinos, terroristas, narcotraficantes, dictadores, políticos corruptos, etc.
Un hombre de ley, sin miedo, que se marchó por una justa entre jueces que puso a España y su sistema judicial, nunca mejor dicho, en tela de juicio. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que nos hemos olvidado pensando que era lo que había que hacer, aunque algunos sigamos creyendo que la justicia y el olvido no son del todo compatibles.
